Innovación conjunta entre empresas y universidades: el camino para una agricultura sostenible

Vivimos en una época llena de desafíos, pero quizá hay pocos tan urgentes como el del sector agroalimentario, que debe producir más, en un planeta que pronto llegará a los 10 mil millones de habitantes, con cada vez menos suelos disponibles, menos agua para riego —producto de las sequías— e intentando provocar menor impacto ambiental.

Mientras se buscan diferentes respuestas con distintas miradas, donde sí hay bastante consenso es que para conseguir este difícil equilibrio hay un gran camino: que los productores y empresas privados se vinculen con los investigadores académicos, idealmente coordinados por el Estado, para generar una innovación conjunta que beneficie a toda la sociedad.

Eso, al menos, se concluyó en el primer encuentro Retos del Futuro, la serie de conversatorios de DESAFÍA, la plataforma del consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro 2030 (conformado por las universidades Mayor, de Atacama, Autónoma y de Tarapacá). 

En esta charla, transmitida en vivo por LATERCERA.com, participaron Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura; Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio; Simón Navarrete, jefe de I+D en biofungicidas de Anasac; y Evelyn Silva, directora ejecutiva del consorcio. Aunque hubo puntos de vista encontrados, no existieron desacuerdos respecto a la importancia de desarrollar un trabajo tripartito en este asunto.

Mayor productividad e innovación (pero más sostenible)  

La subsecretaria Fernández, que por esos días era ministra subrogante de Agricultura, comenzó diciendo que un equilibrio entre producción y sustentabilidad no es utópico: que no solo se puede, sino que se debe alcanzar mayor crecimiento y eficiencia en los cultivos, al mismo tiempo que se reduce el impacto ambiental y sanitario.

«Chile duplica el uso de plaguicidas químicos en comparación al promedio OECD», dijo, «entonces hay un gran camino por avanzar en cuanto al manejo y desarrollo de bioinsumos». Para eso, declaró que el Estado tiene un rol clave en provocar una colaboración público-privada-académica, además de generar transferencia tecnológica para los pequeños agricultores «y así lograr que estas innovaciones realmente beneficien a todos».

Sánchez, que representa al gremio de los productores biotecnológicos de semillas, planteó la necesidad de un «plan estratégico de desarrollo de nuevas variedades, que sean más eficientes y resilientes al cambio climático, y así resolver los problemas de cultivos locales».

Según él, «en Chile estamos muy atrasados en mejoramiento genético; no tenemos planes de mediano y largo plazo, solo proyectos aislados. Una vez decretado lo que queremos, definimos la coordinación de las empresas con las universidades y con el INIA. Solo con una ruta podemos alinear correctamente al mundo público, privado y académico».

Más inversión y coordinación

Evelyn Silva, que además de representar al consorcio es doctora en biotecnología y fue jefa de gestión de la innovación en el INIA, señaló que uno de los objetivos centrales de este proyecto es la vinculación entre la academia y las industrias. Para eso, en una primera fase, están generando un trabajo multidisciplinario entre las distintas casas de estudio.

«Los problemas complejos necesitan respuestas complejas», dijo. «Por eso en este consorcio, que está conformado por cuatro universidades de distintas regiones y diversas facultades, trabajan investigadores e investigadores de diferentes disciplinas. La misión es generar soluciones específicas que ayuden, en conjunto, a conseguir una adaptación a este nuevo y difícil escenario».

Ese puente entre las empresas y los científicos debe ser ensanchado, algo que reconoce Navarrete. «Las grandes firmas multinacionales poco invierten en investigación en Chile, ya sea con universidades o institutos. Pero en Anasac, desde hace un tiempo, buscamos en la academia nacional alternativas para nuestra industria. Queremos conocer en qué están y cómo podemos aportar a esa masa crítica para satisfacer las necesidades del sector. Acá buscamos ese nexo entre empresas, universidades y el gobierno».

Como ejemplo puso el caso neozelandés, que logró coordinar a estas tres áreas cuando el kiwi, uno de sus principales productos de exportación, tuvo un problema con la plaga bacteriana PSA. «El gremio de los productores de kiwi se reunión con los investigadores académicos, coordinados por el Estado, para desarrollar alternativas específicas frente a esta crisis. La industria le da la agilidad, la academia le da el rigor y el Estado pone recursos e incentivos».    

Un paso inicial que está dando el consorcio Ciencia e Innovación 2030 es juntar a las y los investigadores, que realizan proyectos que parecen ir por distintos carriles, para generar ideas que puedan satisfacer las necesidades de la industria y la sociedad.

«Hay varios investigadores desarrollando nuevas variedades de cultivos, o generando productos que favorecen, por ejemplo, a la polinización de las abejas», explica. «También otros identifican los niveles de productos tóxicos en los suelos cultivados. El objetivo es juntar a los investigadores y, una vez que se conozcan, darles a conocer lo que ciertas industrias están requiriendo. Para nosotros, la interdisciplinariedad es vital». 

Navarrete reconoce que hoy no hay empresa en el rubro agrícola que no esté buscando alternativas biológicas y sostenibles. Ese viraje es total. Lo que se requiere ahora, cree él, es mejorar los canales de comunicación y vinculación.

«He sabido de investigadores que desarollan fagos, que son virus capaces de combatir y controlar bacterias, pero a los que les falta un recubrimiento para poder ser aplicados y comercializados. Pero ese detalle puede que lo esté creando otro investigador, en una universidad diferente. Si los juntamos, generamos un gran producto», dice. «Eso falta: unir investigaciones que, además de potenciar el trabajo académico, hacen un bien común para la industria».

Puedes revisar el primer encuentro Retos del Futuro completo en el siguiente video.